«Cristina Libre»: movimientos argentinos lanzan una campaña mundial contra la proscripción política
Inspirada en la campaña «Lula Libre», «Cristina Libre» busca apoyo mundial y acciones legales para revertir la sentencia.
La campaña “Cristina Libre” tuvo su primera reunión el sábado (14), con la participación de más de cien referentes de partidos y organizaciones populares de distintos países. Foto: Página 12
16 de junio de 2025 Hora: 20:08
Bajo la consigna “Cristina Libre”, organizaciones sociales, sindicales y políticas de Argentina lanzaron una campaña internacional para denunciar lo que consideran una proscripción política y un proceso judicial plagado de irregularidades.
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Inspirada en la experiencia de la campaña “Lula Libre”, la iniciativa busca visibilizar la persecución contra la ex presidenta, respaldar movilizaciones en su defensa desde distintos países y activar mecanismos jurídicos internacionales que permitan revertir el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con Brasil de Fato, Gonzalo Armúa, coordinador de Internacionales del espacio Patria Grande y uno de los impulsores de la campaña, afirmó que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner no solo pretende excluirla de la vida política, sino también atacar al conjunto del campo popular. A su juicio, se trata de un fallo “habilitado por una Corte Suprema corrupta, abiertamente posicionada contra el peronismo y el campo popular”.
El primer momento clave de la campaña será este miércoles (18), cuando Cristina deba comparecer ante los tribunales. Ese día se prevé una gran movilización en Buenos Aires para acompañarla, mientras que la iniciativa “Cristina Libre” buscará respaldarla con manifestaciones frente a embajadas argentinas en diversas capitales del mundo.
Además de expresar el respaldo popular a Cristina, la movilización persigue un objetivo político concreto. Ese mismo miércoles, se espera que el Poder Judicial defina si se garantizará su derecho a cumplir prisión domiciliaria o, por el contrario, si se impondrá “la lógica del escarnio y la venganza”, con una posible reclusión en una cárcel común.
Más allá de los riesgos que esa decisión podría implicar en términos de seguridad, Armúa advierte que constituiría un hecho sin precedentes, ya que “en Argentina no hay ninguna mujer mayor de 70 años en una cárcel común”.
Un grito global contra la proscripción
La campaña “Cristina Libre” tuvo su primera reunión el sábado (14), con la participación de más de cien referentes de partidos y organizaciones populares de distintos países. El lunes (16) se realizó un segundo encuentro con argentinos y argentinas residentes en el exterior, con el fin de coordinar la conformación de núcleos de acción internacionales.
“El objetivo es claro: articular acciones frente a las embajadas argentinas, sumar apoyos de referentes políticos, culturales y sociales, y generar presión diplomática para frenar esta avanzada judicial”, expresó Armúa.
Para el dirigente, lo que está en juego trasciende la figura de la ex presidenta. Considera que su caso se ha transformado en un símbolo del deterioro democrático en el país. “Esta campaña no solo busca defender a una de las presidentas más valoradas por el pueblo, sino también denunciar el contexto actual, marcado por un gobierno que reprime con creciente violencia, que abandona la soberanía nacional y que está destruyendo el tejido social con un ajuste sin precedentes en los últimos 50 años”, afirmó.
En esa línea, remarca que la condena se inscribe en una ofensiva más amplia contra los sectores populares.
«Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Las reglas mínimas de la democracia que, aunque ya resultaban bastante ineficientes, al menos permitían ciertos grados de libertad interna y autonomía en el plano internacional.»
De esta manera, la campaña no se limita a la defensa individual de una dirigente, sino que representa una lucha más amplia por la justicia y la democracia en el país sudamericano. La ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner ocurre en un contexto de endurecimiento represivo por parte del gobierno de Javier Milei que, según Armúa, “tiene una represión interna cada vez más fuerte, corriéndose de los marcos del Estado de Derecho y, a nivel internacional, una claudicación y un vasallaje total con Estados Unidos y el Estado de Israel”.
Este escenario, sostuvo, implica “la pérdida de la soberanía del pueblo argentino en el plano internacional, en la defensa de sus resortes estratégicos, de sus banderas históricas y reclamos, como la soberanía sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur”. En el plano interno, añadió, se vive “un proceso de empobrecimiento, de ajuste y de recorte nunca antes visto, por lo menos en los últimos 50 años”.
El inicio de un nuevo proceso a nivel internacional
El lanzamiento de la campaña coincide con el anuncio del abogado Gregorio Dalbón, encargado de la defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner, quien informó que se realizarán presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que, si bien la CIDH no tiene la facultad de anular directamente una condena, puede iniciar un proceso internacional que obligue al Estado argentino a revisarla y dejarla sin efecto.
Dalbón afirmó que el organismo está habilitado para intervenir frente a lo que calificó como “graves irregularidades” en el juicio contra la ex presidenta. Entre las anomalías enumeró la ausencia de pruebas directas, la parcialidad de jueces y fiscales, filtraciones mediáticas y la violación del derecho a la defensa. En ese sentido, sostuvo que “la condena contra Cristina Fernández de Kirchner no es el final del camino jurídico, sino el inicio de un nuevo proceso a nivel internacional”, y subrayó que la estrategia apunta a garantizar un juicio justo a través de nuevas garantías judiciales.
“La Corte IDH sí puede ordenar la revisión o nulidad de una condena, aunque se trate de una sentencia firme dictada por la Corte Suprema. Esto se debe a que sus sentencias son vinculantes para el Estado argentino, que aceptó su jurisdicción obligatoria desde 1984”, aseguró, y recordó precedentes como los casos “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” y “Mohamed vs. Argentina”, en los que las sentencias de la Corte Suprema fueron dejadas sin efecto por la Corte IDH. Para el abogado, la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2) de Argentina, ratificada por la máxima instancia judicial del país, contra Cristina constituye una persecución política más que un acto de justicia. “Cuando un tribunal condena sin pruebas, sin garantías y con fines políticos, no hace justicia: consume una persecución. Y cuando los tribunales nacionales no dan respuesta, existe una justicia internacional para defender los derechos de las personas”, concluyó.
Autor: Gabriel Vera Lopes
Fuente: Publicado originalmente en Brasil de Fato